noviembre 15, 2018

Golpe a la libertad de Prensa

La Relatoría Especial insiste en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de los periodistas Laurent Ángel Castillo Cifuentes y Luis Alfredo De León Miranda, ocurridos en el municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez. La Relatoría Especial expresa su grave preocupación frente a estos crímenes aberrantes e insta a las autoridades guatemaltecas a actuar con prontitud y diligencia para aclarar si los mismos estuvieron vinculados al ejercicio del periodismo e identificar y sancionar a los responsables.

De acuerdo con la información disponible, el 1 de febrero en un cañaveral en la comunidad de Bolivia fueron hallados los cuerpos sin vida, con heridas de arma de fuego en la cabeza y atados de pies y manos, de Castillo Cifuentes, quien era corresponsal de Nuestro Diario en Coatepeque, y De León Miranda, publicista trabajador de una emisora local. Ambos comunicadores se encontraban trabajando en conjunto para la publicación de un reportaje sobre el carnaval mazateco.

Según información disponible, Castillo Cifuentes habría recibido recientemente llamadas exigiéndole pago de extorsión.

La Relatoría Especial observa que pese a las recomendaciones realizadas al Estado de Guatemala en seguimiento a la visita in loco  realizada en 2017 por la Comisión Interamericana y el anuncio por parte del mismo sobre la creación de un Programa de Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales en el país, hasta la fecha no hubo avances concretos en dicha materia. En reiteradas oportunidades la CIDH, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Unesco y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas han recomendado la creación de un programa para la protección de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en Guatemala, debido a la situación de violencia y a las agresiones que enfrentan periodistas y comunicadores desde hace más de una década en ese país.

Esta Oficina insta al Estado de Guatemala a avanzar en la creación de dicho mecanismo y garantizar que su contenido esté de acuerdo con los parámetros internacionales y en consulta efectiva y amplia con organizaciones de la sociedad civil, periodistas y trabajadores de medios.

Asimismo, recordamos que la obligación de conducir la investigación con debida diligencia y agotar todas las líneas lógicas de indagación reviste especial relevancia en casos de violencia contra periodistas; una investigación que no pondere aspectos vinculados con el contexto de la región, así como la actividad profesional del periodista, tendrá menos posibilidades de conseguir resultados. La Relatoría Especial insiste en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

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