noviembre 19, 2017

La separación del Estado y la Iglesia está hasta en la Constitución de 1853

Ante el proyecto de Ley sobre “Libertad religiosa”

Mauricio Macri envió un proyecto de Ley sobre “Libertad Religiosa”, que en vez de tender a fortalecer un Estado laico que otorgue libertades a sus individuos, afianzaría aún más la relación entre el Estado argentino y la Iglesia Católica. Las dirigentes de la CTA Autónoma Alejandra Ángriman, Claudia Baigorria y Viviana García hablaron con ACTA sobre el impacto de esta propuesta en la vida de la clase trabajadora y especialmente en las luchas del movimiento de mujeres.

Alejandra Ángriman, Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la Central, indicó: “Resulta una provocación del Presidente, que tiene la obligación de no inmiscuirse en asuntos supuestos de carácter religioso respetando el Estado laico y la diversidad de creencias de todos los ciudadanos. Es falso que con este proyecto se pretenda defender la libertad de credos: es un burdo instrumento para controlar socialmente y culturalmente a toda la población y especialmente a los jóvenes y mujeres”.

Angriman dijo además: “Claramente la tarea a partir de ahora y en nuestra legitima defensa es continuar con el debate y la movilización para desnudar el objetivo que persigue de atentar contra los derechos elementales e impediremos que avance su tratamiento legislativo. Insistiremos también en construir los mecanismos que nos garanticen la definitiva separación de la Iglesia del Estado”.

De acuerdo a una publicación de Amnistía Internacional Argentina, si este proyecto avanza, un docente podría negarse a impartir una clase sobre la ’Teoría de la Evolución’ por encontrarse en pugna con su creencia religiosa, cercenando el derecho de niños, niñas y adolescentes a la educación; o bien podría negarse a cumplir con la ley de Educación Sexual Integral.

“En tanto, un juez de Paz o un registro civil podría negarse a casar a un matrimonio entre parejas del mismo sexo basándose en principios morales o religiosos, violando el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas. Tan preocupante es la situación que, incluso, una obra social podría negarse a proveer anticonceptivos, aun existiendo una obligación legal para hacerlo y violando los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y adultos”, expresó Amnistía.

En ese sentido, Claudia Baigorria, Secretaria Administrativa de la Central y Secretaria de Formación de CONADU Histórica explicó el impacto sobre la educación pública: “Entendemos que el proyecto que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Nación para ser debatido sobre libertad religiosa y que verdaderamente abarca a todas las instituciones públicas, no solamente a las personas, pone en serio riesgo principios consagrados como derechos humanos fundamentales, que están en la Constitución Nacional y que tiene un neto tinte patriarcal concretamente en lo que se refiere a la libertad de conciencia, a la educación sexual integral, que podía llegar a proyectar al sistema universitario nacional”.

“Si se aprueba esta ley, cualquier funcionario de la justicia podría negarse a unir a dos personas en un matrimonio civil amparándose en un matrimonio igualitario, “Para nosotras es violatorio de los derechos humanos, del respeto a la diversidad sexual y es sumamente discriminatorio”, agregó Baigorria. En tiempos en los que estamos impulsando en distintos ámbitos la Ley de Cupo Trans, este proyecto viene a justificar potenciales negativas de las patronales ante el pedido de un puesto de trabajo de una persona trans, Otra de las cuestiones que podrían pasar si se aprobara esta ley es que los empleadores podrían negarse a tomar en un puesto de trabajo a una persona trans, basándose en la objeción de conciencia. Con esta ley, lo que era particularidad pasaría a ser norma”, explicó Claudia.

“En el ámbito de las escuelas públicas, no es casual que el (ahora) ex Ministro de Educación Bullrich, antes de pedir su licencia hace un par de meses, haya hecho declaraciones en la provincia de Corrientes sumamente sumamente repudiables sobre la conveniencia de incorporar la educación religiosa en las escuelas públicas. Dijo estar “convencido” de que “las enseñanzas del Evangelio y de Jesús, como las de otros profetas y religiones, deben ser aprendidas para que la luz del cirio pascual y de la educación brille más que nunca”, desarrolló Baigorria.

La dirigente destacó además que aún en la Constitución de 1853, de neto corte liberal, distinguía las esferas de lo público y de lo privado en lo referente a la religiosidad y que por lo tanto la libertad de culto y los valores religiosos, cuya elección el Estado debe garantizar, corresponden a las acciones privadas: “Esto confronta con la tolerancia de la Ley 1420 y hasta con el propio espíritu de la Constitución Nacional y normas supra-nacionales. Hay que combatir este proyecto de Ley, hay que dar un gran debate. Pero esto forma parte de la gran contrarreforma educativa que el Gobierno Nacional impulsa a través del Plan Maestro y otras herramientas anexas que vienen a complementar este verdadero andamiaje retrógrado y neo-conservador que nos retrotrae 150 años atrás en lo que es la educación pública”.

“Por eso nosotros seguimos diciendo que defendemos la educación pública, laica, gratuita; es imposible que los ciudadanos y las ciudadanas no demos una batalla cultural en lo que han sido avances y logros en derechos de las mujeres como lo es poder acceder a anticonceptivos de manera gratuita y también con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Vamos a dar batalla para que este proyecto nefasto y retrógrado no se convierta en Ley”, concluyó Baigorria.

Viviana García, referente de CICOP y FESPROSA y titular del Instituto de Formación, Capacitación e Investigación (IFCI) opinó que una Ley con estas características implica: “Retrotraer absolutamente todo al obscurantismo de la edad media”. En cuanto a la salud implica implica “una pérdida total de decisión, no solamente por parte del paciente, sino también por parte de todos los trabajadores de la salud y es donde el derecho a la salud se ve totalmente violentado”.

En relación a las mujeres, esta Ley contrae “una pérdida de autonomía, es la desaparición de los derechos sexuales y reproductivos que hemos conquistados, es la no aplicación del aborto no punible convalidado por la decisión de los legisladores y del Estado Nacional”.

García analizó que el proyecto “es violatorio de todos los tratados internacionales y decretos de derechos humanos y es inadmisible en este periodo histórico”.

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