septiembre 23, 2019
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Gobernar es también construir sentido común

Por Carlos A. Sortino (*)

El concepto de gobernar puede concebirse también, en su sentido práctico, como construcción de sentido común, aunque no desde el marketing o desde el “relato”, sino a través de la interacción humana, estratégicamente direccionada desde una política cultural.

Porque desde el “relato” y el marketing, nuestro sentido común está condicionado por la derecha -que siempre gobierna, desde el estado o desde fuera de él- y es casi impermeable. Tampoco se puede apostar a que ese sentido común se “auto-construya” sólo desde políticas públicas que satisfagan las necesidades y expectativas de la mayoría de la población, sencillamente porque es eso lo que se espera de cualquier gobierno.

No podemos concebirnos como seres vivos meramente instintivos, con nuestra propia sobrevivencia como único objetivo, tal como podríamos concluir luego del resultado electoral reciente. Esa es tan sólo una cara de la moneda. Somos personas fundamentalmente ideológicas, como quedó demostrado en las elecciones de 2015, mostrándonos la otra cara de la moneda. Claro que una u otra cara aparecen como emergentes del contexto socio-económico dominante: emerge el ser ideológico cuando las necesidades primarias están más o menos resueltas, pero cuando estas nos acosan, aparece el instinto.

Y la ideología dominante -que es la ideología de la clase dominante, como dejo escrito un tal Marx hace muchos años- no es otra cosa que una manera de concebir la realidad y actuar en ella, así, lisa y llanamente, sin contorsiones literarias. Aunque, tal vez, sin conciencia plena de ello. Porque nuestra concepción de la realidad es estructurada por los otros que fueron y también es estructurante de los otros que vienen. Pero no pensemos en una estructuración cerrada, en un mandato a cumplir obedientemente. Pensemos, más bien, en un “sentido común” que se proyecta desde los centros de poder y contamina a toda la población, pero sólo surte efecto en una gran parte de ella, la suficiente para establecer una cultura dominante y sostenible en el tiempo.

En este contexto, la recuperación y el fortalecimiento de la legitimidad democrática de cualquier gobierno (por ejemplo, el próximo, en cualquiera de sus niveles, o en los tres: nacional, provincial, municipal) guardan una estrecha vinculación con la implementación de políticas públicas ágiles, rápidas y concretas, que impacten de manera satisfactoria sobre las necesidades y expectativas de la población. Eso significa, fundamentalmente, el concepto de representación.

Pero aun cuando ello ocurra, la representación no alcanza, no sólo por lo que decimos líneas arriba, sino porque no puede, por definición, ser absoluta (1). Y si lo fuera, no sería democrática. La representación puede albergar contenidos democráticos, que hasta pueden ser dominantes, pero también puede albergar contenidos oligárquicos y autoritarios, que hasta pueden ser, igualmente, dominantes (2). En cualquier caso, esa orientación depende de la organización política que acceda al gobierno del Estado.

La guerra de superficie

En la superficie de nuestro complejo institucional (3) asistimos a una guerra entre el capitalismo financiero y el capitalismo productivo, representados, respectivamente, por Mauricio Macri y Alberto Fernández. Pero ninguno quiere eliminar al otro. Se necesitan mutuamente: la producción necesita dinero y el dinero necesita producción. Así que el conflicto es por el predominio de uno y de ninguna manera por la extinción del otro. Como en toda guerra.

A este conflicto le llaman “grieta” desde el sentido común dominante. Algunos lo remontan al principio de los tiempos y otros lo simplifican con el burdo antagonismo “peronismo-antiperonismo”. En ambos casos se enmascara la verdadera “grieta”, que es la lucha de clases, dado que desde siempre son aliados contra ella. Y tienen el don de la bifrontalidad: en un frente, sus vanguardias pelean entre sí; en otro frente, sus retaguardias cercan juntas al “zurdaje”, que no hace mucho más que mantener a salvo su burbuja de confort ideológico.

Así funciona el “concierto capitalista”, que no es sólo dominación económica, como algunos minimizan. Fue ideado y materializado, desde mediados del siglo 19, como constitución y soporte, “democracia representativa” mediante, de: a) un orden jurídico que legaliza el control oligopólico de la economía; b) una organización política que subordina las necesidades y expectativas del pueblo a los intereses de ese oligopolio; y c) un sentido común estructurado para naturalizar aquel control y esta subordinación.

Privatizaciones a mansalva en los 90 y liberación de la especulación financiera desde hace cuatro años. En ambos casos se invirtieron groseramente los paradigmas políticos “normales”: de la regulación de los negocios privados de los inversores en función de las políticas públicas del Estado, saltamos a la regulación de las políticas públicas del Estado en función de los negocios privados de los inversores. Eso es el libre comercio, globalización, multinacionalismo, volver al mundo o como quieran llamarlo. Es decir: la imposibilidad de los Estados periféricos (por ejemplo, los países latinoamericanos) de proyectar políticas económicas que no respondan a los lineamientos de la economía de mercado (libre comercio).

Pero no se trata de lineamientos cualesquiera. Se trata de lineamientos promovidos por las corporaciones transnacionales (a veces inclinadas hacia el capitalismo financiero, a veces inclinadas hacia el capitalismo productivo), en coordinación con los Estados hegemónicos (por ejemplo, Estados Unidos y los países de la Unión Europea), casualmente sus Estados de origen, asiento y desarrollo. Que uno de los aspectos de la globalización (la liberalización a ultranza del comercio internacional) se esté cayendo a pedazos, no significa que la dominación de unos (los hegemónicos) sobre otros (los periféricos) se haya debilitado.

En cualquiera de los dos casos (capitalismo productivo o capitalismo financiero), los Estados hegemónicos ordenan aquel “concierto” sobre la base del abandono de la industria nacional (de los países “periféricos”, claro está) para dar lugar a intereses empresariales transnacionales; la utilización de las mejores tierras agrícolas para producir cultivos de exportación, a fin de saldar la deuda externa; el recorte del gasto público en programas sociales y el “ajuste” de los programas de atención médica, educación y seguridad social universales; la liberalización de los sectores de electricidad, transporte, energía y recursos naturales; y el retiro de las barreras reglamentarias contra las inversiones extranjeras.

Es en este contexto que la mitad de la población votó en las PASO por el Frente de Todos y sepultó a Juntos por el Cambio. Para volver del mundo equivocado al que nos han llevado y reiniciar un capitalismo productivo. Será el gobierno de Alberto Fernández un buen gobierno burgués, con una política económica desarrollista (o keynesiana, como quieran) y una política social de recuperación de los sectores ya vulnerados y de protección de aquellos que se mantienen en la línea de flotación de la vulnerabilidad (asistencialismo, si prefieren). No hay contexto internacional para otra cosa, me parece, y tampoco hay contexto nacional, desde la subjetividad hegemónica, para aspirar a más.

El derecho a la innovación política

 La realidad, como supongo que todos saben, no es un límite, sino un punto de partida. Por eso es que hay margen para activar nuestro derecho a la innovación política, es decir, hacer ahora lo que nadie quiso, pudo, supo o imaginó hacer antes. Para ello necesitamos trascender los límites del republicanismo burgués y de lo políticamente correcto (y cómodo), explorar nuevas instancias de convivencia ciudadana, diseñar mecanismos institucionales originales y disponer (y pre disponer) hacia estas exploraciones al plantel burocrático permanente del Estado, a los funcionarios políticos y a la militancia organizada.

Lo político-ideológico instituye la naturaleza del poder: cómo decidir el régimen de selección y circulación de las élites, cómo establecer las relaciones entre gobernantes y gobernados, quienes deben hacer la ley y quienes deben obedecerla, qué perfil productivo se pretende y cuáles son los criterios básicos para la producción y distribución de la riqueza. Todo ello, dentro de aquel contexto internacional.

Las políticas participadas (4) amplían y robustecen en la práctica social la legitimidad democrática, dado que impulsan y materializan la intervención popular en la conformación de las políticas públicas, logrando que el pueblo no sólo reconozca a su gobierno, sino que se sienta parte activa de él. Esto es lo que llamamos perspectiva de inclusión política.

Su sentido práctico es pretender un Estado que reconozca y pretenda superar su hoy escasa credibilidad en tanto foco de identidad colectiva y que, por reconocerla y para superarla, promueva una deliberación pública que indague y resuelva para qué tipo de sociedad se pretende que sea apto ese Estado, a través de cada una de sus políticas públicas, en un continuo proceso instituyente.

Esta deliberación pública no puede ser anterior a una gestión de gobierno que identifique y revierta la hoy reducida eficacia de su conjunto de burocracias y la limitada efectividad de su sistema legal: debe ser simultánea, porque de otro modo estaríamos nuevamente postergando las necesidades y expectativas de la población, lo que redundaría en la inviabilidad de aquella deliberación, con lo que sólo estaríamos reproduciendo el Estado que pretendemos transformar.

Cuando hablamos de conjunto de burocracias, estamos hablando de las distintas áreas en que se organiza un gobierno para el abordaje de las complejas relaciones sociales del territorio (ambiente, salud, educación, etc.) y cuando hablamos de sistema legal estamos hablando del orden jurídico-político que se intenta establecer para el desarrollo, más o menos pacífico, más o menos conflictivo, de aquellas complejas relaciones sociales.

Su punto de articulación es aquel foco de identidad colectiva, es decir, un Estado que sea reconocido como propio por el conjunto de la población, porque ese reconocimiento es el que permite, a pueblo y gobierno, identificar democráticamente sus debilidades y fortalezas, con la finalidad de promover acciones tendientes a la superación de las primeras y la profundización de las últimas.

Todo esto no puede ocurrir sin organizar y desarrollar, en forma simultánea, una Política Cultural para el abordaje y la puesta en crisis de nuestra Cultura Política, una Política Cultural que sea capaz de contradecir el “sentido común” hegemónico y contener los conflictos que ello trae aparejado, hasta lograr su reemplazo por un nuevo “sentido común”.

Ello significa poner en juego la progresiva superación del individualismo, la fragmentación social y la desafección colectiva por la cosa pública, hoy dominantes en la sociedad, lo que, a su vez, podrá orientar una trayectoria de reducción considerable de los márgenes de discrecionalidad política y económica de las autoridades formalmente constituidas y de quienes pretendan serlo.

(*) Referente de la Agrupación Municipal Compromiso y Participación (COMPA), en el Frente de Todos

Notas:

(1) Ver “Anclados en el 19” (https://infolaplata.com/2018/09/anclados-en-el-19/)

(2) Ver “Volver al mundo equivocado” (https://infolaplata.com/2019/06/volver-al-mundo-equivocado/)

(3) Ver “Tradiciones y rupturas en la deriva social” (https://infolaplata.com/2019/04/tradiciones-y-rupturas-en-la-deriva-social/)

(4) Ver “Gobierno Participado. Hacia un horizonte de inclusión política” (https://infolaplata.com/2018/07/gobierno-participado-un-horizonte-de-inclusion-politica/)

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