✍️ Por Soledad Alonso 📰
El gobierno de Javier Milei “avanzó con una demolición planificada del Estado, con el aval del Congreso y sin ningún límite institucional”. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Ejecutivo dictó 157 decretos con fuerza de ley, lo que representa un enorme atropello a la división de poderes.
“Gobernar por decreto es decidir solo, sin Congreso, sin diálogo y sin pueblo. Es una forma profundamente antidemocrática de ejercer el poder, que viola el espíritu de nuestra Constitución y desconoce la forma republicana de gobierno”
El resultado es una motosierra sobre los derechos sociales y las capacidades del Estado. Se eliminaron más de 20 fondos fiduciarios que financiaban vivienda, educación, asistencia y ciencia. Se cerraron organismos como Vialidad Nacional, el INADI, ENOHSA y el Instituto Nacional del Cáncer. También se avanza en la disolución del INTA, el INTI y decenas de institutos descentralizados. Más de 7.500 trabajadores del Estado fueron despedidos.
La Ley Bases también habilitó la privatización de empresas públicas fundamentales: ENARSA, AySA, YCRT, Corredores Viales, Nucleoeléctrica, Aerolíneas Argentinas y hasta el Banco Nación. Todo esto mientras se bajan impuestos a los grandes patrimonios y se restituye Ganancias para trabajadores y jubilados.
Por otro lado, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) mostró su verdadero rostro: de los cinco proyectos aprobados, cuatro ya existían antes de la ley. No ingresó ni un solo dólar de inversión nueva. El 58% de lo comprometido fue hecho por YPF, y solo se generaron 10.113 empleos, mientras se perdieron más de 115.000 puestos registrados en el sector privado.
“Esto es un plan para disciplinar a la sociedad, entregar nuestros recursos estratégicos y concentrar el poder económico en pocas manos.Nos dijeron que el RIGI traía inversiones. Lo único que trajo fue desinversión, entrega y menos trabajo argentino”
Pasando en limpio: lo que dejaron los superpoderes de Milei fue más endeudamiento, menos soberanía, menos trabajo y más precarización. Una sociedad fragmentada, desigual y empobrecida, con millones de argentinos disciplinados por el miedo y la necesidad. Una vergüenza. Están gobernando en contra de la gente que los votó.
Unión por la Patria votó siempre en contra de la Ley Bases, y reclamó que el Congreso rechace los decretos delegados firmados al amparo de esa norma.
“No alcanza con indignarse. Hay que votar en contra de los decretos, rechazar el RIGI y frenar este experimento destructivo. Y desde la militancia, seguir organizándonos para recuperar la Argentina del trabajo, los derechos y la soberanía.”
✍️Soledad Alonso es Diputada bonaerense y Secretaria Adjunta de @secasfpi
