El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presentó este miércoles ante la Legislatura provincial el Presupuesto 2026, que contempla una fuerte inversión en educación, salud, seguridad y, principalmente, en infraestructura, área a la que calificó como “la más deteriorada” y donde se impulsará el plan más ambicioso de las últimas décadas.
Frigerio concurrió al recinto acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, con quien expuso los lineamientos del proyecto y mantuvo un encuentro con legisladores de la Cámara baja para detallar el destino de los fondos públicos del próximo año.
“Se trata del cumplimiento de nuestro mandato constitucional y de la obligación de presentar en tiempo y forma la ley de leyes, la más importante que rige el accionar del gobierno”, sostuvo el mandatario al referirse al presupuesto.
Un plan histórico de infraestructura
El gobernador remarcó que el presupuesto 2026 mantendrá las prioridades establecidas desde el inicio de su gestión: educación, salud, seguridad y obras públicas. En ese marco, anticipó que se destinarán casi un billón de pesos para recuperar la red vial de la provincia, con financiamiento mixto: recursos provinciales y aportes de organismos multilaterales de crédito, tras obtener el aval soberano del Gobierno nacional.
“Vamos a hacer obras en cada rincón de la provincia, interviniendo el cien por ciento de las rutas, hospitales y escuelas, sin importar el color político de los gobiernos locales”, subrayó Frigerio.
Actualmente, ya se encuentra en ejecución un tercio del plan total de obras, muchas de las cuales —según detalló— habían sido abandonadas por gestiones anteriores.
Equilibrio fiscal y ley de obras públicas
Frigerio también destacó que, a pesar de un año difícil desde el punto de vista fiscal, se logró sostener el equilibrio de las cuentas públicas, reducir la presión impositiva y cumplir con compromisos de deuda heredados. “No sólo no frenamos el plan de obras, sino que lo ampliamos”, aseguró.
Además, el mandatario anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de Ley de Obras Públicas, que introducirá nuevas modalidades de contratación, incluyendo la participación del sector privado, y que busca establecer una política de Estado sostenida en el tiempo para la ejecución y priorización de obras clave.