La provincia estuvo representada en la reunión nacional que definió políticas clave para la prevención, asistencia y restitución de derechos a víctimas del delito de trata.
El Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas de Entre Ríos participó de la XXII Reunión del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, realizada los días 16 y 17 de octubre en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación.
En representación del gobierno entrerriano, asistió la coordinadora provincial Silvina Calveyra, quien forma parte del Consejo Federal como consejera titular.
El encuentro reunió a representantes de los tres poderes del Estado, ministerios nacionales, legisladores, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de evaluar avances, presentar informes y definir nuevas estrategias para combatir este delito complejo y en constante transformación.
Un nuevo enfoque para la restitución de derechos
La apertura del evento estuvo a cargo del viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, quien anunció la implementación del Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas de Trata, destacando el compromiso de las provincias en la lucha contra este flagelo.
Durante la sesión plenaria, se presentó el Informe Anual del Consejo Federal, el nuevo Plan Nacional 2024-2026, y se debatió el destino de bienes decomisados en causas judiciales. En este marco, se acordó eliminar el fondo fiduciario existente, debido a su alto costo y escasa operatividad, y reemplazarlo por un mecanismo de asistencia directa a víctimas, dependiente del Ministerio de Justicia y financiado con los bienes incautados.
Calveyra explicó que el nuevo programa Restituir Derechos ofrecerá una asistencia económica por tres meses (prorrogable), equivalente a un salario mínimo vital y móvil, a personas rescatadas en el marco de causas judiciales. También contempla una línea de acompañamiento para la inclusión laboral y social, equivalente a medio salario mínimo durante el mismo período.
Desafíos actuales y rol provincial
Calveyra advirtió que la trata de personas es un delito “complejo y dinámico” que ha evolucionado con el uso de nuevas tecnologías, plataformas digitales y redes online para la captación de víctimas. En este contexto, destacó la importancia de fortalecer la prevención, la detección de indicadores y las alertas tempranas.
Finalmente, la funcionaria subrayó que el gobierno de Entre Ríos prioriza en su agenda la prevención y persecución del delito de trata, lo que permite avanzar en políticas públicas integrales con enfoque territorial y especialización en delitos complejos.
“Esta decisión política nos posiciona como una provincia comprometida en el abordaje de la trata desde una perspectiva integral, con acciones coordinadas entre organismos provinciales y nacionales”, concluyó.