Banda del Río Salí. En un trabajo conjunto entre la Municipalidad local, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Seguridad de Tucumán, se recuperó un terreno fiscal que había sido ocupado de forma ilegal en la zona de Los Vallistos, en Banda del Río Salí. El predio será destinado a la construcción de un nuevo edificio para el área de investigaciones de la Policía provincial.
El espacio, que pertenece al Gobierno de Tucumán, había sido ocupado por una familia vecina que edificó allí de forma irregular, impidiendo la continuación de una obra destinada a la Brigada de Investigaciones. Tras el accionar de organismos municipales y provinciales, el terreno fue desalojado y cedido formalmente a la Policía.
El acuerdo de cesión fue firmado en un acto simbólico que contó con la presencia del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el secretario de Seguridad, Gustavo Vizcarra; el asesor ministerial, Sergio Sobrecasa; el jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo; el director de la Unidad Ejecutora de Protección del Patrimonio, Víctor Hugo Vitale; y representantes de la Municipalidad de Banda del Río Salí, entre ellos el abogado Mariano Bustamante y la jueza de Faltas Sandra Clares.
“Este es un trabajo articulado con la municipalidad de Banda del Río Salí, Fiscalía de Estado, Dirección de Catastro y la Policía. Siguiendo las instrucciones del gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, recuperamos este inmueble fiscal para continuar con la obra de la Brigada en Los Vallistos”, destacó el ministro Agüero Gamboa.
Por su parte, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, remarcó la importancia de la decisión política:
“Esto es muy importante para la Policía de Tucumán. Lo que se está consiguiendo desde el Ministerio de Seguridad, con el respaldo del área jurídica del Gobierno, es algo que sin duda nos hacía falta. Estas decisiones políticas traen resultados rápidos y concretos que benefician a la sociedad”, expresó.
En relación al uso del terreno, Girvau señaló que aún se está evaluando el destino específico, pero que estará vinculado a tareas de investigación.
Desde el área jurídica del Gobierno provincial, el director de la Unidad Ejecutora de Protección del Patrimonio, Víctor Hugo Vitale, explicó que este caso se enmarca en una política de Estado más amplia:
“Vamos a continuar recuperando inmuebles fiscales que estuvieron usurpados. En este caso, se actuó luego de una denuncia formal de la municipalidad, ya que la ocupación impedía la continuidad de la obra de la Brigada”.
La intervención comenzó con un relevamiento de la Dirección de Obras Públicas del municipio, que advirtió la situación y dio parte al Juzgado de Faltas, desde donde se inició una causa contravencional. Según explicó la jueza Sandra Clares, se dictó una sentencia contra los ocupantes y se dio intervención a la Fiscalía de Estado.
Finalmente, el abogado Mariano Bustamante, representante legal del municipio, valoró la articulación interinstitucional:
“Este trabajo conjunto con el Gobierno provincial permitió ejercer el legítimo derecho sobre un inmueble público. Es una muestra clara de que cuando las instituciones trabajan unidas, los resultados llegan”.