El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este viernes el proyecto de ley contra las organizaciones criminales que será enviado hoy al Congreso Nacional por un procedimiento de urgencia, como medida para fortalecer la lucha contra facciones como Comando Vermelho.
La iniciativa se presenta ante la Legislatura tras los resultados de la denominada Operación Contención, que dejó 121 muertos en Río de Janeiro.
Entre los aspectos centrales de esta iniciativa, quienes sean declarados culpables del delito de “organización criminal calificada”, que se convertiría en un nuevo tipo de delito, podrían recibir una pena de hasta 30 años de prisión.
La Secretaría de Comunicaciones del gobierno brasileño confirmó la información a la prensa esta tarde, afirmando que solo se realizaron “ajustes menores en la redacción” del texto preparado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, reportó Agencia Brasil.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, había anticipado que la propuesta incluye penas más severas para los líderes y miembros de organizaciones criminales .
El texto también prevé la creación de una base de datos nacional que sirva como catálogo de información sobre estas facciones, con el fin de recabar información estratégica para la investigación y el seguimiento de estos grupos.
Otro punto es adoptar medidas para reducir más rápidamente los recursos financieros de las facciones.
Un ejemplo sería la incautación de bienes, derechos u objetos de valor pertenecientes a la persona investigada, incluso durante el transcurso de la investigación o cuando exista sospecha de que son producto o instrumento de una actividad delictiva.
Infiltración
Otra acción prevista en la propuesta es la infiltración de agentes de policía y colaboradores en la organización criminal durante la investigación, e incluso la posibilidad de crear entidades jurídicas ficticias para facilitar dicha infiltración.
El proyecto de ley también plantea otra posibilidad durante la investigación, al autorizar el seguimiento de las reuniones celebradas entre detenidos preventivos o condenados que sean miembros de organizaciones criminales.
Penas de prisión
La propuesta aboga por aumentar la pena por delincuencia organizada simple de entre 3 y 8 años de prisión a entre 5 y 10 años . Se aplicarían penas aún mayores (de dos tercios a dos años) a los casos de delito calificados como “delincuencia organizada agravada”.
Ejemplos de esta característica incluyen casos en los que se prueba el reclutamiento de un niño o adolescente para cometer un delito, o incluso cuando el perpetrador es un funcionario público. Otra característica del crimen organizado se observa en los casos en que la organización criminal ejerce control territorial o penitenciario.
El uso de un arma de fuego restringida o prohibida y la muerte o lesiones corporales de un agente de seguridad pública también se consideran circunstancias agravantes. Según el proyecto de ley, el delito clasificado como cometido por una organización criminal calificada se considerará atroz , lo que significa que no estará sujeto a fianza.
Dominio territorial
El control territorial por parte del crimen organizado se produce, como ejemplifica el Ministro de Justicia, en comunidades dominadas por facciones, lo que deja a los residentes en una situación de vulnerabilidad.
Base de datos
En lo que respecta a la base de datos, la intención es contar con el mayor nivel de detalle posible, incluyendo incluso el ADN de personas involucradas con el crimen organizado.
Buenos Aires, 31 octubre (NA) — INT/MAG
