✍️Por Santiago Blas 📰
Hay momentos en la historia de un país en los que las discusiones dejan de ser económicas, partidarias o ideológicas. Hay momentos en los que la discusión pasa a ser institucional. Y quizás la Argentina esté atravesando uno de esos momentos.
Desde hace meses, los argentinos escuchamos hablar de deuda, de reservas, de acuerdos internacionales, de ajustes, de sacrificios y de promesas de crecimiento. Sin embargo, detrás de todos esos conceptos existe una pregunta mucho más importante que parece haber desaparecido del debate público:
¿Quién controla al poder?
Porque en una República no alcanza con que un gobierno diga que actúa en beneficio del país. Las instituciones existen precisamente para controlar, limitar y supervisar a quienes ejercen el poder.
La Constitución Nacional no fue diseñada para gobiernos buenos o malos. Fue diseñada para impedir que cualquier gobierno concentre facultades que corresponden a otros poderes del Estado.
Por eso existe el Congreso.
Por eso existe la división de poderes.
Por eso existen los mecanismos de control.
Y por eso resulta legítimo preguntarse si determinadas decisiones que comprometen el futuro económico de los argentinos recibieron el debate, la transparencia y el control institucional que merecían.
No se trata solamente de una discusión jurídica.
Se trata de una discusión democrática.
Porque cuando las decisiones más importantes se toman sin un debate profundo, cuando las explicaciones son insuficientes, cuando los organismos de control parecen ausentes y cuando gran parte de la dirigencia política guarda silencio, la preocupación deja de ser económica para convertirse en institucional.
Pero sería injusto concentrar toda la responsabilidad en el Poder Ejecutivo.
Porque en una República el control no depende únicamente de quien gobierna.
También depende de quienes deben controlar.
Y aquí aparece una pregunta incómoda.
¿Dónde estuvo gran parte del Congreso?
¿Dónde estuvieron los pedidos de informes?
¿Dónde estuvieron las investigaciones parlamentarias?
¿Dónde estuvieron los debates que la sociedad esperaba?
Porque estamos hablando de decisiones que involucran cifras monumentales. El propio Banco Central informó que sus reservas de oro representaban cerca de 5.000 millones de dólares. Estamos hablando de un activo estratégico de la Nación, equivalente a miles de escuelas, hospitales, rutas y obras públicas.
Sin embargo, gran parte de la sociedad aún desconoce cuántos lingotes fueron trasladados, bajo qué modalidad exacta se realizaron esas operaciones, cuáles fueron sus beneficios concretos y cuáles son las garantías existentes para proteger esos activos.
No estamos hablando de una caja chica del Estado.
Estamos hablando de reservas valuadas en aproximadamente 5.000 millones de dólares.
Y al mismo tiempo, seguimos observando un fuerte debate sobre el endeudamiento público, los acuerdos financieros internacionales y el rol que le corresponde al Congreso en el tratamiento de decisiones que comprometen recursos que deberán afrontar las próximas generaciones de argentinos.
Por eso la discusión no puede agotarse en una defensa automática ni en una crítica automática.
La pregunta es otra:
¿Quién controla decisiones que involucran miles de millones de dólares pertenecientes al patrimonio nacional?
¿Quién exige explicaciones?
¿Quién audita?
¿Quién informa a la sociedad?
Porque cuando las cifras son tan grandes, el silencio institucional también se vuelve enorme.
Oficialistas y opositores tienen obligaciones distintas, pero ambos tienen responsabilidades.
El oficialismo debe gobernar.
La oposición debe controlar.
Y cuando la oposición deja de controlar, cuando el Congreso deja de debatir, cuando los legisladores se acostumbran al silencio, la democracia pierde una de sus defensas más importantes.
El problema no es solamente lo que hace un presidente.
El problema es lo que dejan de hacer quienes deben poner límites.
Porque el poder, por naturaleza, siempre busca expandirse.
Por eso la Constitución le puso frenos.
Por eso existen controles.
Por eso existen contrapesos.
La historia argentina demuestra que los excesos institucionales nunca terminan bien.
No importa si vienen desde la derecha, desde la izquierda, desde el peronismo, desde el radicalismo o desde cualquier otra fuerza política.
Las reglas de la República deben valer para todos.
Para los que gobiernan hoy y para los que gobernarán mañana.
Lo preocupante no es solamente una decisión determinada.
Lo preocupante es que la sociedad empiece a naturalizar que las decisiones trascendentes ocurran sin explicaciones suficientes, sin controles visibles y sin rendición de cuentas.
Porque cuando eso sucede, el ciudadano deja de ser protagonista y pasa a convertirse en espectador.
Y una democracia donde los ciudadanos solamente observan mientras otros deciden todo, es una democracia que comienza a debilitarse.
Por eso esta editorial no busca defender a un partido ni atacar a otro.
Busca defender una idea mucho más importante.
La idea de que ningún funcionario está por encima de las instituciones.
La idea de que ningún gobierno debe quedar exento del control republicano.
La idea de que la transparencia no puede ser una promesa electoral sino una obligación permanente.
Y la idea de que el silencio de la dirigencia política también merece ser cuestionado.
Porque si existen dudas, corresponde investigar.
Si existen preguntas, corresponde responder.
Y si existen posibles irregularidades, corresponde que actúen los mecanismos institucionales previstos por la Constitución.
No para perseguir a nadie.
No para desestabilizar a nadie.
Sino para fortalecer la República.
La Argentina necesita crecimiento económico.
Necesita inversiones.
Necesita trabajo.
Necesita seguridad.
Pero también necesita algo igual de importante: instituciones fuertes.
Porque las crisis económicas pueden superarse.
Las deudas pueden renegociarse.
Los gobiernos pasan.
Pero cuando las instituciones se debilitan, el daño tarda décadas en repararse.
Por eso la pregunta sigue vigente.
Y cada argentino debería formularla sin miedo, sin fanatismos y sin obediencias partidarias:
¿Quién controla al poder?
Porque cuando el poder deja de rendir cuentas, el problema ya no es económico.
El problema es democrático.
