✍️ Por Oscar Cuartango 📰
A propósito del artículo publicado en el diario La Nación el 11 de julio de 2026, con la firma de Alberto Benegas Lynch (h), bajo el título «El derecho antecede y convalida una ley justa», coincido con el autor en la necesaria interdisciplinariedad que debe prevalecer en todo enfoque serio de cualquier temática vinculada con las ciencias sociales. Y a propósito, resalto y destaco el término «social», porque en el referido artículo el autor no solo descalifica todo lo que tenga un contenido social, sino que además hace una exacerbada apología del individualismo, la libertad y la propiedad privada.
Aquí aparece la primera contradicción del artículo, y no es menor: el autor celebra el diálogo entre el derecho y la economía —dos ciencias sociales— al mismo tiempo que suscribe la tesis de Hayek según la cual el adjetivo «social» convierte a cualquier sustantivo en su antónimo. Si esa fórmula fuera cierta, las propias «ciencias sociales» en cuyo nombre reivindica la interdisciplinariedad serían un contrasentido, y las «relaciones sociales» que hacen posible el mercado que tanto elogia, también.
No se puede construir un argumento sobre un terreno que el propio argumento declara inexistente. El hombre es, desde Aristóteles, un ser social por naturaleza; negar esa dimensión no es defender la libertad, es amputar la condición humana que el autor dice fundar en el derecho natural.
La apología de la propiedad privada como derecho poco menos que absoluto, y la lógica que el propio artículo enuncia —»el que acierta obtiene ganancias y el que yerra incurre en quebrantos»— trasladan al plano social un mecanismo de selección que evoca, quiérase o no, el darwinismo social teorizado por Herbert Spencer: la supervivencia del más apto convertida en principio ordenador de la sociedad.
No es casual la afinidad con el presidente Javier Milei, quien ha proclamado públicamente a Benegas Lynch como «el prócer del liberalismo» y repite su definición de liberalismo como cierre ritual de sus discursos. En esa cosmovisión, quien queda fuera del mercado queda, sencillamente, fuera; y toda acción correctiva del Estado es estigmatizada como «arrancar por la fuerza el fruto del trabajo ajeno».
Una sociedad no es un torneo de aptitudes: es una comunidad de personas con igual dignidad, y el derecho —ese mismo derecho que el autor dice anteceder a la ley— existe precisamente para que la suerte, la cuna o la fuerza no sean el criterio último de distribución.
La segunda contradicción es aún más incómoda para el autor, que se inscribe en la tradición occidental y cristiana del derecho natural, citando a la Escolástica Tardía de Vitoria, Molina y Suárez. Porque esa misma tradición desemboca en la doctrina social de la Iglesia católica, que sostiene exactamente lo contrario de lo que el artículo predica.
El concepto de «justicia social» —que el autor reduce a «grosera redundancia» o a expolio organizado— no fue acuñado por Marx sino por el jesuita Luigi Taparelli d’Azeglio, y fue incorporado al magisterio por León XIII en la Rerum Novarum (1891) y por Pío XI en la Quadragesimo Anno (1931).
La tradición cristiana jamás reconoció la propiedad privada como un derecho absoluto e intocable: la subordinó siempre al destino universal de los bienes y a su función social. El Papa Francisco ratificó y profundizó esta doctrina en Evangelii Gaudium, donde cuestionó las teorías del derrame y la «economía de la exclusión», y en Fratelli Tutti, donde recordó que el derecho de propiedad es un «derecho natural secundario» derivado del principio del destino universal de los bienes.
Y el actual pontífice, León XIV, eligió su nombre en homenaje explícito a León XIII, explicando que la Iglesia enfrenta hoy una nueva cuestión social. La continuidad de esta doctrina no es una interpretación: está inscripta hasta en el nombre del Papa. ¿Y cuál es esa nueva cuestión social que el propio León XIV señaló al justificar su nombre? Los avances tecnológicos y, en especial, la inteligencia artificial. Aquí el liberalismo a ultranza del artículo exhibe su límite más actual y más grave. Si la IA no es debidamente regulada y direccionada con sentido social, y se la deja librada a los avatares del mercado, tiende a una excesiva concentración de la riqueza en pocas manos. No lo dicen solo los papas: lo advierten economistas nada sospechosos de marxismo, como el premio Nobel Daron Acemoglu, quien ha demostrado que la dirección del cambio tecnológico no es neutral y que, sin instituciones que la orienten, la IA concentra poder de mercado y desacopla la productividad de los salarios.
Las economías de escala de estos sistemas —datos, capacidad de cómputo, talento— generan mercados donde el ganador se lleva todo, dominados por un puñado de corporaciones globales. Es decir: la dinámica tecnológica librada a sí misma destruye precisamente las condiciones de competencia que el liberalismo de Benegas Lynch presupone e idealiza. Por eso las democracias serias —la Unión Europea con su ley de inteligencia artificial es el ejemplo más avanzado— entienden que regular no es asfixiar la libertad sino garantizar que la tecnología sirva a la dignidad humana, al trabajo y a la justicia, y no al revés.
En síntesis: comparto con el autor que el derecho antecede a la ley y que ninguna mayoría puede convalidar una norma injusta. Pero extraigo de esa premisa la conclusión inversa a la suya. Si el derecho antecede a la ley, entonces también anteceden a la ley —y al mercado— la dignidad de la persona, el destino universal de los bienes y el bien común. Una concepción del derecho que solo reconoce la vida, la libertad y la propiedad del individuo aislado, y que descalifica como antónimo todo lo social, no es la culminación de la tradición del derecho natural que el autor invoca: es su empobrecimiento.
El desafío de nuestro tiempo, con la inteligencia artificial redefiniendo el trabajo y la distribución de la riqueza, no es menos Estado ni menos sociedad; es más justicia, que —con perdón de Hayek— seguirá siendo, inevitablemente, social.
✍️ Oscar Cuartango es abogado, militante peronista y fue Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires 2007/2015
