✍️ Por Pablo López 💻
Los mitos sobre la provincia de Buenos Aires no son inocentes. En la mayoría de los casos, provienen de sectores interesados en debilitarla.
Hace unos días, desmentíamos el presunto festival de fondos del cual la Provincia habría sido beneficiaria durante la gestión anterior. Ahora vamos a desmenuzar la otra cara de la moneda: el gasto público provincial.
Existen discursos que alegan que la Provincia es deficitaria porque despilfarra su presupuesto en gastos excesivos y un Estado demasiado grande, lo cual debería resolverse con ajuste y achicamiento. Sin embargo, veremos que, de forma análoga al caso de los recursos, estos clichés están reñidos con la contundencia de los datos.
En sintonía con su insuficiencia estructural de recursos, la PBA es la provincia con el menor nivel de gasto y la segunda con menor cantidad de empleados públicos del país. La forma correcta de medir esta inequidad es en términos de cálculo per cápita. Las ficciones construidas acerca de la pretendida desmesura fiscal suelen utilizar unidades de medida agregadas entre provincias, obviando la heterogeneidad poblacional y la inmensidad bonaerense. Según el último Censo, la población de la PBA multiplica por 4,6 a la segunda provincia más poblada y por más de 94,4 a la más despoblada.
En el año 2022, el gasto público por habitante de la Provincia fue de poco más que la mitad del resto de provincias y CABA. Expresada en pesos actuales, esta brecha negativa ascendió a $190.000 por habitante. Es decir, no sólo no hay tal despilfarro, sino que el Estado bonaerense es el más reducido de todos. Sin embargo, no hay nada que festejar. Esta realidad dista mucho de ser ideal y es el principal fundamento detrás de los déficits en materia de infraestructura social y servicios públicos de nuestra Provincia.
No se trata sólo de un nivel de gasto insuficiente, sino de una composición intensiva en salarios y jubilaciones asociada a su funcionamiento básico. Del total del presupuesto bonaerense, aproximadamente dos tercios se destinan a cubrir la masa salarial y previsional. Esta alta proporción encuentra su principal causa en el traspaso de funciones sin contraprestación que emprendió el Estado Nacional en los años 90’, cuando delegó en el nivel provincial las prestaciones de salud y educación, las cuales se sumaron a la provisión ya provincializada de justicia y seguridad. A pesar de un esfuerzo fiscal superior a la media, los condicionantes presupuestarios determinan que la Provincia haya invertido en la última década un 40% menos que el resto de las jurisdicciones en estas funciones esenciales, que tienen impacto directo en las condiciones de vida de la población.
En el mismo sentido, la PBA tampoco cuenta con una dotación de trabajadores excesiva, sino más bien todo lo contrario. Estamos hablando principalmente de médicos, docentes y policías, que explican en conjunto el 75% del total. En el año 2022, la tasa de empleados públicos provinciales por habitante era la segunda más baja del país (solo detrás de Córdoba), con 34,6 cada mil habitantes, mientras que el promedio nacional es de casi el doble (66,2). Según la información disponible para las tres jurisdicciones subnacionales más importantes (Córdoba, Santa Fe y CABA), la PBA también cuenta con la menor planta de personal jerárquico en términos relativos.
Un presupuesto acotado por una coparticipación injusta, sumado a la necesidad de atender obligaciones corrientes esenciales, ha dificultado la inversión en obras de infraestructura. Mientras el resto de las provincias y CABA logran ahorrar y destinar una parte considerable de su presupuesto a gastos de capital (en la última década, asciende en promedio al 14%), la PBA no puede asignarle más que una magra proporción, incompatible con el desarrollo de largo plazo. Con mucho esfuerzo, en estos 4 años hemos elevado la inversión del 4% al 7% del presupuesto provincial.
La controversia generada alrededor de un presunto despilfarro del gasto y de un Estado provincial sobredimensionado no encuentra ningún asidero en la evidencia, sin distinción de la variable utilizada como referencia. Es una acusación burda porque lo que ocurre en la práctica es precisamente lo contrario. La provincia que aporta el 36% al PIB de la Argentina, el 50% de la producción industrial y el 40% de la recaudación que se coparticipa, posee menos recursos que ninguna otra. Un análisis riguroso demuestra que la Provincia debería ampliar el gasto público, incorporar más trabajadores e invertir mucho más para estar en un plano de igualdad con el resto del país. Debemos dar el debate de cara a la sociedad con honestidad intelectual y voluntad de equidad federal, y no caer en la trampa de la desinformación malintencionada.
✍️ Pablo J. López es ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires
