El 5 de febrero de 2025, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció el cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda de la Nación, una medida que ha generado preocupación en varios sectores del país, especialmente en el área de la construcción y la vivienda.
Según el gremio, esta decisión afectará a más de 500 trabajadores y tendrá repercusiones devastadoras para miles de familias en todo el país.
En su denuncia, ATE destacó que el cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda es parte de un plan de desmantelamiento del Estado, que se enmarca en un contexto de ajuste económico y social. La eliminación de programas clave como PROCREAR, FONAVI y Casa Propia se considera un grave retroceso en el acceso a la vivienda, un derecho fundamental para muchas personas.
Además, ATE alertó sobre la paralización de 1.836 convenios en actividad, lo que impacta en 103.367 soluciones habitacionales y ha provocado el quiebre de más de 2.000 empresas proveedoras de insumos. La crisis también ha dejado a más de 170.000 empleos directos y 400.000 indirectos en la industria de la construcción en riesgo, lo que agrava aún más la situación.
Desde ATE, se exigió la inmediata revisión de estas medidas y se convocó a la sociedad a movilizarse para rechazar un ajuste que, según señalan, destruye empleos, paraliza la economía y vulnera derechos esenciales. En particular, advirtieron sobre los efectos negativos que esta política tendrá en la infraestructura básica y en proyectos internacionales financiados por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que ahora están en riesgo de ser cancelados.
Este cierre de la Secretaría y la suspensión de los programas de vivienda se suman a un contexto económico ya difícil, lo que aumenta la preocupación entre los trabajadores y ciudadanos afectados por estas decisiones.