Dictadorzuela histórica : La conservadora Dina Boluarte consigue que el 97 % de la población rechace su gestión como Presidenta

La aprobación de la presidenta Dina Boluarte no encuentra suelo y sigue marcando nuevos mínimos.

La presidenta, que llegó al poder tras la destitución de Pedro Castillo a finales de 2022, ha conseguido situar practicamentea la totalidad del país en su contra.

Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, Boluarte ha enfrentado múltiples desafíos. Las protestas sociales, que inicialmente surgieron por demandas económicas y sociales, se intensificaron debido a la percepción de una respuesta gubernamental represiva.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado violaciones durante la contención de manifestaciones, lo que ha erosionado aún más la confianza en su liderazgo. Por otro lado, la inseguridad ciudadana ha aumentado significativamente durante su mandato.

El incremento de delitos violentos y extorsiones ha generado una sensación de desprotección entre los ciudadanos. La respuesta del gobierno, que incluyó el despliegue de fuerzas militares en las calles, ha sido criticada por considerarse insuficiente y por vulnerar derechos civiles

En el ámbito político interno, Boluarte ha mostrado dificultades para establecer alianzas sólidas en un Congreso fragmentado. Su falta de una base política clara y la percepción de inexperiencia han obstaculizado la implementación de reformas necesarias para abordar las demandas sociales y económicas del país.

A nivel internacional, la reciente cumbre de la APEC celebrada en Lima en noviembre de 2024 brindó a Boluarte una plataforma para proyectar liderazgo. Sin embargo, los logros diplomáticos obtenidos, como acuerdos comerciales con China y Hong Kong, no han sido suficientes para revertir la percepción negativa en el ámbito doméstico

La combinación de una desaprobación histórica, una creciente inseguridad y una economía estancada plantea serias dudas sobre la capacidad de Boluarte para completar su mandato, previsto hasta 2026.

Analistas políticos sugieren que, sin un cambio de rumbo significativo y una reconexión con las demandas ciudadanas, su gobierno podría enfrentar una mayor inestabilidad y posibles llamados a elecciones anticipadas.

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