✍️ Por Maximiliano Ibarra Guevara 📰
En una sociedad que exige justicia pero que muchas veces sucumbe ante la presión mediática y política, se olvidan principios fundamentales como el indubio pro reo, aquel que asegura que, en caso de duda razonable, la balanza debe inclinarse hacia la inocencia.
Esta es la historia de Fernando Carlos Pedreira, un hombre que hoy paga el precio más alto por un sistema que parece haberlo desprotegido en el momento en que más lo necesitaba.
Corría el año 2004 cuando un incendio en los calabozos de la Comisaría 1ra de Quilmes dejó en evidencia las fallas estructurales y administrativas de un sistema que, en lugar de proteger, puso en riesgo a menores detenidos. Fernando, que no era oficial de servicio ni responsable de la dependencia, acudió al llamado de auxilio con un único objetivo: salvar vidas. Sin embargo, su valentía y compromiso no fueron suficientes para protegerlo de un juicio donde la presión de organismos de derechos humanos y la narrativa política de la época parecían haber definido las sentencias incluso antes de los debates.
El contexto de la masacre de Quilmes
Denominado mediáticamente como “La Masacre de Quilmes”, este caso se convirtió en un estandarte para organizaciones que buscaban justicia para las víctimas. Pero en el camino, el equilibrio se perdió. La investigación, en lugar de centrarse en responsabilidades claras y
comprobadas, se convirtió en un espectáculo donde era más importante encontrar culpables que descubrir la verdad.
Fernando fue condenado a 16 años de prisión, la pena más severa, a pesar de las evidencias que demostraban que no tenía responsabilidad directa. Hoy, privado de su libertad, Fernando continúa luchando desde la Unidad 9 de La Plata, no solo por su reinserción, sino por la de sus pares. Su historia es el reflejo de un sistema judicial que muchas veces olvida que incluso los policías tienen derechos humanos.
¿Derechos humanos o justicia selectiva?
En el contexto político de la época, los derechos humanos se convirtieron en una bandera de justicia que, paradójicamente, terminó pisoteando el derecho al debido proceso de muchos servidores públicos. Casos como el de Fernando demuestran que, en situaciones de alta exposición mediática, los principios fundamentales como el indubio pro reo son relegados. La duda razonable, que debería proteger a los acusados, quedó sepultada bajo el peso de la presión política y social.
La policía desprotegida: héroes convertidos en villanos
Ser policía en Argentina es un desafío constante. Es un trabajo que demanda sacrificar el bienestar personal y, muchas veces, la propia vida por el bien común. Sin embargo, en casos como el de Fernando, se evidencia una dura realidad: cuando un policía se expone, queda completamente desprotegido. Ante la mínima sospecha, el sistema parece predispuesto a culpar antes que a investigar.
Un llamado desde la experiencia
Como abogado y comisario jubilado, he sido testigo de las luces y sombras que envuelven la labor policial. Sé lo que implica llevar el uniforme y, al mismo tiempo, estar en la línea de fuego del escrutinio público y judicial. Por ello, hago un llamado urgente a las fuerzas, a las autoridades judiciales y a los legisladores: es hora de trabajar en un sistema que no solo exija responsabilidad a los hombres y mujeres de la institución, sino que también los proteja cuando actúan en el cumplimiento de su deber.
Los hombres y mujeres que integran la institución policial necesitan respaldo y garantías, no solo para cumplir con su labor, sino también para enfrentar situaciones como la que vive Fernando, donde la injusticia parece prevalecer. Protegerlos no es debilitar la justicia; es fortalecerla para todos.
Porque sin justicia para quienes nos protegen, no puede haber justicia para nadie
✍️ Maximiliano Ibarra Guevara es abogado por la Universidad abierta interamericana y Comisario Jubilado