A tan solo un mes y medio de concretarse la venta de las acciones de IMPSA al consorcio IAF (Industrial Acquisitions Fund LL), el impacto de la privatización en la compañía mendocina ya comienza a sentirse con los primeros despidos.
Los trabajadores de la empresa fueron notificados de su desvinculación laboral «con causa», aunque sin detalles específicos sobre los motivos. La incertidumbre sobre el futuro de la planta laboral crece entre los empleados, quienes se sienten preocupados por el rumbo que tomará la firma tras su privatización.
Fuentes de la empresa confirmaron al Diario UNO que, aunque no se trató de una ola de despidos masivos, sí se llevaron a cabo desvinculaciones puntuales, las cuales, según argumentaron, respondían a «situaciones de productividad». Sin embargo, con el paso de los días, se reveló que estas medidas afectaron a personal calificado y con años de antigüedad en la empresa, lo que generó aún más dudas sobre el proceso.
El 1 de abril, 12 empleados de IMPSA, todos ellos afiliados a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), recibieron la notificación de su despido. En muchos de los casos, el argumento legal utilizado fue «despido con causa», lo que implicaría una reducción significativa en el monto de la indemnización que recibirían, aunque en los telegramas de despido no se explicaban las razones detrás de la medida.
Este giro en los acontecimientos encendió la alarma en el gremio y entre los trabajadores, dado que, tras el traspaso de IMPSA a la firma estadounidense ARC Energy, las nuevas autoridades de la empresa habían garantizado la continuidad laboral para todos los empleados. En reuniones previas, los ejecutivos de la compañía habían tranquilizado al personal, asegurando que se respetaría la estabilidad de los puestos de trabajo, lo que ahora parece estar en duda.
Al momento de la venta de IMPSA, se destacaba la importancia de la capacitación y el conocimiento del plantel de trabajadores de la firma, como lo había remarcado el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. En un encuentro con los nuevos dueños de la compañía, se había reafirmado el compromiso de mantener la mayoría de los puestos laborales, con un enfoque en el desarrollo de la empresa. Sin embargo, la decisión de despedir a parte de su personal ha generado desconcierto tanto entre los trabajadores como en los propios jefes de la compañía, quienes no tienen claro el criterio utilizado para llevar a cabo los despidos.
Con el comienzo de abril, las tensiones entre los empleados de IMPSA aumentan, y la incertidumbre sobre el futuro de la firma y sus trabajadores se instala de forma rápida. La comunidad laboral de la empresa sigue sin entender las razones detrás de los despidos, y el temor por la continuidad de la privatización en otras áreas de la empresa continúa creciendo. La situación deja en el aire la pregunta sobre qué será de los 650 empleados que atraviesan la estatización y privatización de la compañía, y si esta es la primera de muchas medidas similares en el futuro cercano.