✍️Por Tatiana Amati 📰
¿Es posible el desarrollo económico costa afuera, sin que ello implique un impacto ambiental negativo en la población y el ecosistema subacuático? Pues bien, el desarrollo económico no puede ser aquietado en un mundo con 8 mil millones de personas.
El día 2 de agosto de 2023 la plataforma internacional de científicos Global Footprint Network advirtió que se habían agotado todos los recursos anuales disponibles (como reservas de agua, especies vivas, madera, incluso petróleo) que nuestro planeta es capaz de producir en todo un año. Hace 50 años, los seres humanos agotábamos los recursos naturales de la Tierra para todo un año, el 1 de diciembre – 30 días antes del final del año-. Hoy, lo hacemos en 8 meses.
En este contexto, el economista belga Gunter Pauli instaló el concepto de «blue economy«, que promueve el desarrollo de actividades económica -vital para muchas naciones costeras-, con el uso sostenible de los recursos marinos.
La producción de petróleo y gas offshore representa el 45% del PBI de la economía azul a nivel mundial, pero debe ser necesariamente acompañada de un compromiso gubernamental y la participación ciudadana para mitigar impactos negativos.
Por otro lado, la «blue protection» enfatiza la importancia de proteger nuestros océanos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó un estudio sobre las perspectivas regionales en torno a la implementación del ODS 14 en América Latina y el Caribe, y la falta de datos actualizados sobre la salud de nuestros mares es alarmante.
En suma, no se puede proteger lo que no se conoce. La labor de geólogos y biólogos en este tipo de problemáticas es trascendental y sumamente valiosa.
Políticas Públicas y petróleo offshore: el caso de Argentina.
Creo ciertamente que conceptos como economía y protección azul, parecen lejanos y excluyentes, pero en realidad son compatibles. Para ello, es importante dejar en evidencia que los gobiernos y los políticos de turno, poseen una formidable responsabilidad a la hora de cumplir los compromisos asumidos internacionalmente en materia oceánica y ambiental.
Las políticas públicas que se incorporan en los discursos deben, necesariamente, tender al cumplimiento de las mismas: suficientemente difícil es tolerar y repudiar el greenwashing en las empresas, como para tener que soportarlo también en la política.
En 1989 se comenzaron a obtener resultados económicos en la Cuenca Austral, frente a las costas de Santa Cruz y Tierra del Fuego. A la actualidad, es la única cuenca activa, con 36 pozos de los que se obtiene petróleo y gas natural, con un total del 19% de producción dirigida a abastecimiento nacional.
La evidencia demuestra, que en un país como Argentina la explotación onshore en lugares como “vaca muerta”, resulta ser más rentable, menos riesgosa, y con un proceso ajustado a reglas más claras.
No obstante ello, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación elaboraron en 2019 la resolución conjunta 3/2019, que sirvió de marco para dar curso al proyecto Argerich, frente a las costas de Mar del Plata, el primero en aguas profundas (a 1,5 km de profundidad y a 4 km de extensión bajo el lecho marino).
El desarrollo de la actividad petrolera offshore puede desempeñarse cumpliendo con la protección del mar y la preservación de los ecosistemas, comprendiendo que existen normas y mecanismos, que buscan hacer de la economía azul, una práctica en la que además de perseguir el máximo rendimiento económico, se toman todas las medidas necesarias y disponibles para reducir al mínimo el impacto ambiental negativo de la actividad.
En lo que a petróleo refiere, podemos encontrarlo en otras industrias más allá de las dedicadas a la producción de combustible, en productos que consumimos a diario como ser: tintas, cápsulas de vitaminas, desodorantes, cosméticos, adhesivos, válvulas cardíacas, lubricantes de máquinas, plásticos, pinturas y colorantes, entre otros. Sucede que, atravesamos una era de consumo desmedido, de falsas necesidades, que traen aparejada la dilapidación y el derroche de los recursos disponibles, en tiempos donde la satisfacción de las necesidades debe hacerse de la forma más vertiginosa y expedita posible, y en demasía.
Y en este punto, te invito a la reflexión ¿dónde terminan los residuos de esos productos, una vez terminado su uso? Lastimosamente, acaban en los océanos, incineradoras, o en vertederos y rellenos sanitarios que producen grandes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre ellos los más presentes y nocivos son el gas metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2). Por lo que la separación de nuestros residuos en secos y húmedos, es un hábito que deberíamos adquirir de manera apremiante, minimizando así la contaminación del aire, el suelo y el agua.
En este orden de ideas, podemos notar que el consumo excesivo como tal, vulnera una y otra vez el derecho-deber otorgado por nuestra constitución nacional en su art. 41, que establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, apto para el desarrollo humano, como así también tienen el deber de preservarlo. Deber, que pareciera ser todo un desafío. Osamos olvidar, que, pese a que este planeta nos pertenece a derecho, no se encuentra únicamente a nuestra disposición, pues también le corresponde a las generaciones futuras, la posibilidad de habitarlo en las mejores condiciones.
Este tipo de dilapidación que la humanidad ha gestado en los últimos años, constituye la razón profunda y tácita de una industria que busca a cualquier costo (entre ellos, el ambiental) cubrir las exigencias del mercado, más aún cuando los estados hacen caso omiso a sus respectivas cuotas de responsabilidad a la hora de reglamentar las actividades económicas.
El trabajo conjunto que trazó la Resolución Conjunta 3/2019, demostró que es posible regular y controlar que la actividad petrolera offshore se desarrolle conforme a las exigencias legales que ya han sido dotadas y atravesadas por una serie de principios y posturas prevencionistas, lo cual permite el desarrollo de esta industria, de manera sostenible.
La Importancia de la Transparencia, El Problema de la Des-información.
La claridad en los procesos de permisos y habilitaciones, estudios de impacto ambiental, acceso a la información pública y una comunicación efectiva con la población interpelada por un proyecto a través de audiencias públicas, son esenciales en estas temáticas.
En suma, aprobada la normativa regulatoria de la actividad, elaborada con un enfoque transversal en materia ambiental, previstos los mecanismos de control, y un sustento científico que respalde la información obtenida de los proyectos; no habría lugar para grises, dudas y desconocimiento de la población. Allí, es donde radica la categoría de una política pública eficaz. Aquella que al comunicar, lo haga con basta información y sustento científico, en miras de evitar así la des-información y todos los peligros que ella trae aparejada.
Y con peligros me refiero no solo a los ambientales, sino también a las campañas “anti-cualquier proyecto” que en ese afán de proteger el ambiente, replican información que carece de sustento en la realidad y científico, y terminan con la frustración de un proyecto que realizado conforme a la ley, puede ser realizable de manera sostenible.
✍️ Tatiana A. Amati es
Abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, especializándose en Derecho Ambiental en la Universidad Católica Argentina.
