A pesar de la resolución del Juez Federal de La Pampa Juan José Baric, la Superintendencia de Servicios de Salud confirma la intervención de la Obra Social de los Peones Rurales y Estibadores (OSPRERA) realizada por el Poder Ejecutivo Nacional y advierte sobre una decisión judicial de características inéditas que afecta la objetividad en la evaluación de los hechos y el debido proceso legal.
Desde que comenzó el año, el organismo volvió a cumplir con su función principal que es la de fiscalizar a los Agentes del Seguro de Salud. En ese marco, se avanzó con una auditoría en la obra social en cuestión que comprobó graves irregularidades producto de una situación financiera alarmante, a tal punto que, el propio Juez, a través del interventor por él designado, solicitó 3.350 millones de pesos en octubre de 2023, monto del que rindió cuenta el último día hábil de la anterior gestión presidencial, al mismo tiempo que aumentaba la deuda prestacional de la obra social.
Asimismo, fue el propio juez el que permitió que la administración provisoria designada por él se fijara – a pesar de la crisis financiera de la entidad- sueldos millonarios equivalentes a 25 veces lo que cobra un peón rural promedio.
– Presidente: $ 14.005.643
– Vicepresidente: $ 12.178.820
– Tesorero: $ 12.178.820
– Secretario de Actas: $ 12.178.820
– Veedor judicial: $ 11.397.819
– Gerente Legales: $ 8.592.464
El juez a cargo de la causa está prejuzgando al considerar como ciertos los dichos de los denunciantes, sin haber investigado nada. Además, resulta inquietante que en el marco de una investigación penal, que está terminada, se haya procedido a invalidar un decreto presidencial, un acto que merece un análisis jurídico más profundo y fundado.
Por último, es importante mencionar que el propio juez introdujo referencias a una interna gremial, donde uno de los denunciantes es parte interesada. Esta situación podría interpretarse como una toma de partido en conflictos gremiales internos, lo cual deja en evidencia la percepción de imparcialidad que debe regir en toda actuación judicial
