Un operativo de gran magnitud llevado a cabo en Necochea logró desarticular una red de motociclistas que realizaban maniobras ilegales en la vía pública y estaban vinculados a amenazas agravadas y otros delitos.
El procedimiento fue resultado de una investigación iniciada en abril y marcó un hito en la articulación entre el Ministerio Público Fiscal, fuerzas policiales y diversas áreas del Municipio, con un rol clave del Centro Operativo de Monitoreo (COM).
El despliegue operativo fue consecuencia directa de una serie de denuncias presentadas por la Municipalidad a partir del comportamiento temerario de motociclistas que ponían en riesgo la integridad de vecinos y peatones. La investigación comenzó el 13 de abril y fue liderada por la Policía Departamental de Necochea, con apoyo de la Dirección General de Tránsito, personal de la Comisaría Tercera y un aporte fundamental del COM.
15 allanamientos, secuestro de motos y armas, y seis detenidos
Con pruebas recabadas a través del monitoreo de cámaras municipales, el análisis de registros de lectoras de patentes y testimonios de inspectores de tránsito, se logró identificar a los principales involucrados. El fiscal Carlos Larrarte, a cargo de la UFI N°30, instruyó la causa y solicitó quince allanamientos, autorizados por el Juzgado de Garantías.
Durante la madrugada del operativo, efectivos de distintas dependencias policiales y agentes municipales de Tránsito llevaron adelante los allanamientos en domicilios de Necochea y Quequén. Como resultado, se secuestraron casi una docena de motocicletas utilizadas para cometer infracciones, además de armas de fuego, municiones, elementos electrónicos y estupefacientes. Seis personas fueron aprehendidas y quedaron a disposición de la Justicia.
Tecnología y articulación institucional, claves del éxito
El COM desempeñó un papel estratégico al proporcionar imágenes y videos captados por las cámaras de seguridad urbana, así como datos clave provenientes del sistema de reconocimiento de patentes. Esta información permitió rastrear y vincular a los sospechosos con los hechos denunciados.
La Dirección General de Tránsito también tuvo un rol activo al aportar testimonios directos de sus agentes sobre las maniobras ilegales, lo que fortaleció el cuerpo probatorio presentado ante la Justicia.
El caso evidencia la eficacia del uso de herramientas tecnológicas en la prevención del delito, así como la importancia de políticas públicas que promuevan la articulación entre niveles del Estado, el compromiso territorial y la protección de la ciudadanía frente a prácticas peligrosas y delictivas.
