La reforma laboral que mañana buscarán aprobar en el Senado el oficialismo y sus aliados no tendrá los aspectos más rechazados por los gremios vinculados al financiamiento de los sindicatos y las obras sociales denominada la “caja sindical”.
El oficialismo cedió al reclamo de la CGT debido a que se mantuvo por dos años el aporte solidario a los gremios, pero con un tope del 2%, y se fijó que luego de ese plazo todos los aportes serán voluntarios.
Los trabajadores bajo convenio, aunque no estén afiliados al gremio, deben realizar una «contribución solidaria» que ronda al 2% de los salarios. En algunos casos, el gobierno de Macri la había suspendido, pero se repuso con la llegada de Alberto Fernández. Hoy esta modalidad está generalizada.
Fuentes parlamentarias señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que los bloques aliados no estaban de acuerdo con ir a fondo en la pelea contra la CGT y los principales dirigentes de la central obrera ya sabían que iban a atenuarse los aspectos que más preocupaban a los sindicalistas.
Otro tema que preocupaba a los sindicatos es la recaudación de las obras sociales, y allí se dispuso que mantendrán el 6%, en lugar del 5%, para no desfinanciar esos organismos que atienden la salud de los afiliados de cada gremio.
En ese sentido, el artículo vinculado a las obras sociales establecerá que quedará a cargo de los empleadores el aporte equivalente al 6% de la remuneración de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia, en lugar del 5% que proponía el proyecto del Gobierno.
También fija que la “Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estará facultada para auditar el destino de las contribuciones”
Otro punto que era rechazado por la CGT y por los bancos era la posibilidad de que se paguen los sueldos a través de billeteras virtuales, por lo que se fijó que los sueldos “deberán pagarse, bajo pena de nulidad únicamente mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o en institución de ahorro oficial”.
También se buscó reglamentar las polémicas que surgen por las licencias médicas y allí se estableció que “en caso de discrepancia insalvable entre el diagnóstico inicial y el control médico realizado por el empleador, se podrá recurrir a una junta médica en institución oficial en las jurisdicciones en las que la autoridad administrativa hubiere habilitado esta opción, o requerir dictamen en institutos públicos o privados de reconocida trayectoria y solvencia técnica cuyo costo de intervención, en este último caso, deberá ser asumido por el empleador”.
SRR/NP