Desde el SADOP Provincia de Buenos Aires expresaron su preocupación por los “retos virales” que se están difundiendo por las redes entre los y las jóvenes y que implican un grave riesgo para la integridad de ellos mismos y de la comunidad.
La proliferación de discursos de odio, la espectacularización de las situaciones de violencia que promueven las redes sociales, sumado al retiro del Estado Nacional en cuanto a políticas educativas y de cuidado, colocan a la sociedad y a las juventudes en particular, en un alto grado de vulnerabilidad.
Desde el gremio instaron a trabajar colectivamente en la construcción de vínculos saludables, de redes de contención y en el fortalecimiento de las instituciones a fin de garantizar el derecho a la integridad de las personas.
Tambien reivindicaron la escuela como espacio de aprendizaje para la convivencia democrática, de desarrollo personal y colectivo, de construcción de lazos solidarios y de ciudadanía responsable.
En el mismo sentido desde el SADOP aseguraron que la salida es a partir del compromiso de todos los integrantes de la comunidad, con especial énfasis en las autoridades educativas y de los distintos órganos del Estado, los adultos responsables de los y las estudiantes y en el caso de las gestión privada, de los propietarios de las instituciones en virtud del deber de seguridad que les corresponde.
Estas situaciones no sólo implican un riesgo concreto para todos que es inherente a la amenaza en sí, sino que producen también un deterioro de las condiciones de trabajo de los y las docentes dado que incrementa fuertemente la carga psicosocial de nuestra tarea.
Es imprescindible reforzar la escucha y el acompañamiento de las juventudes, promover los espacios interinstitucionales y constituir los Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad en cada escuela. Ámbitos que permiten abordar la problemática de manera integral y generar climas de estudio y de trabajo saludables.
Haciendo eje en la prevención y en la participación organizada de los trabajadores y trabajadoras, es fundamental la implementación de herramientas como la Guía de Orientación para la Intervención para Situaciones Conflictivas y el Acuerdo Paritario de Prevención, Resguardo y Reparación, así como el respeto irrestricto a toda la normativa que tutela derechos de los y las menores, de los y las docentes y de la comunidad en general.
