Santa Fe moderniza su política penitenciaria para potenciar la producción en los talleres carcelarios

El Gobierno provincial implementó un nuevo régimen de contrataciones para el Instituto Autárquico Provincial de la Industria Penitenciaria (Iapip), que busca agilizar la gestión, optimizar recursos y fortalecer la reinserción social a través del trabajo.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe dio un paso clave en la modernización de su sistema penitenciario al presentar un nuevo régimen de contrataciones para el Instituto Autárquico Provincial de la Industria Penitenciaria (Iapip). La medida apunta a consolidar un modelo carcelario sustentable, eficiente y enfocado en la formación y la reinserción laboral de las personas privadas de libertad.

El anuncio fue encabezado por los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, quienes destacaron que el nuevo marco normativo permitirá al Iapip operar con mayor autonomía y bajo criterios de gestión propios de una empresa pública moderna, facilitando los procesos de compra, producción y comercialización.

“El objetivo es aprovechar el tiempo de internación con un fin útil, transformando la ociosidad en trabajo y capacitación”, explicó Cococcioni. “El Iapip necesita una lógica productiva que le permita funcionar con previsibilidad y eficiencia, y este régimen lo hace posible”, añadió.

El ministro recordó que, pese a su carácter autárquico, el instituto enfrentaba trabas burocráticas que dificultaban su desarrollo productivo. “Antes, para comprar harina en los talleres de panadería había que tramitar un expediente por cada pedido. Este decreto simplifica esos procesos sin perder control ni transparencia”, remarcó.

Gestión ágil y eficiente

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, subrayó que la medida apunta a optimizar los recursos públicos y dotar de sustentabilidad al sistema penitenciario.

“Queremos que la Industria Penitenciaria se rija por los estándares de una empresa eficiente. Dotarla de herramientas de gestión le permitirá planificar, comprar a mejor precio y aumentar el volumen de trabajo”, sostuvo Olivares.

El funcionario remarcó que el nuevo régimen mantiene los principios de concurrencia y transparencia en las contrataciones, pero introduce mecanismos más ágiles que evitarán la parálisis administrativa. “La industria penitenciaria requiere abastecimiento continuo. Con esta reforma, el sistema gana previsibilidad, eficiencia y capacidad de respuesta”, puntualizó.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, agregó que el trabajo en contexto de encierro forma parte del programa de tratamiento penitenciario individual de cada interno. “Cada persona privada de libertad tiene un plan formativo y productivo. Su cumplimiento influye en la calificación y en el acceso a beneficios legales como las salidas transitorias o la libertad asistida”, explicó.

Talleres productivos y formación laboral

La directora del Iapip, Rocío Zanón, detalló que el organismo cuenta con talleres de producción en casi todas las unidades penitenciarias de la provincia, donde los internos trabajan de lunes a viernes y perciben una asignación estímulo.

“Producimos en áreas como textil, panificación, carpintería y herrería. Con este decreto podremos mejorar costos, planificar compras y ofrecer precios más competitivos para el Estado”, indicó Zanón.

Cococcioni destacó que esta reforma forma parte de una estrategia integral de reordenamiento penitenciario, posible tras el avance de obras que incorporarán más de 7.000 nuevas plazas carcelarias.

“Cuando asumimos, el desafío era resolver el hacinamiento en comisarías. Hoy, con ese problema encaminado, podemos avanzar hacia una política moderna que combine seguridad, eficiencia y oportunidades de reinserción”, afirmó.

Trabajo, transparencia y reinserción

Con esta medida, la provincia de Santa Fe consolida una política penitenciaria basada en el trabajo, la transparencia y la planificación, orientada a transformar los establecimientos carcelarios en espacios de producción, aprendizaje y responsabilidad compartida.

El objetivo central es que las personas privadas de libertad aprovechen su tiempo en prisión para formarse, trabajar y construir herramientas que faciliten su reinserción social, contribuyendo así a una política penitenciaria más humana, moderna y sostenible.

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