La reciente decisión del Gobierno nacional de fijar un plazo de solo 15 días para licitar las represas ubicadas en los ríos Limay y Neuquén encendió las alarmas en los gobiernos provinciales de Río Negro y Neuquén, que habían solicitado un período más amplio para analizar el proceso.
El decreto 263/25 fue recibido con preocupación por las autoridades patagónicas, que ahora trabajan contrarreloj para presentar observaciones conjuntas.
Los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén) ya habían elevado a Nación un pedido para extender los plazos, argumentando la necesidad de una evaluación profunda que contemple no solo aspectos técnicos, sino también impactos ambientales, económicos y sociales en sus territorios.
Pese a la decisión del Ejecutivo nacional, ambas provincias mantienen una postura coordinada y articulada. Equipos técnicos de los dos gobiernos están analizando en detalle los pliegos de licitación para elevar observaciones desde una perspectiva federal. La intención es clara: proteger los intereses estratégicos de las provincias que históricamente han sido pilares del sistema energético argentino.
«Reivindicamos nuestra condición de titulares de los recursos naturales. Esta es una posición indeclinable y no vamos a permitir que se nos relegue a un rol meramente consultivo», señalaron desde la administración rionegrina. Y agregaron que cualquier decisión sobre el futuro de las represas debe incluir la participación efectiva de las provincias, dado que estas infraestructuras afectan directamente a su desarrollo, su ecosistema y su seguridad hídrica.
En paralelo, Río Negro y Neuquén insisten en que el rediseño del esquema concesionario debe contemplar un modelo de gestión con mayor participación local y respeto por las autonomías provinciales, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional en relación al dominio de los recursos naturales.
La tensión crece a medida que corre el plazo impuesto por Nación. Las provincias no descartan avanzar en medidas administrativas o políticas si no se respeta su derecho a incidir de manera real en una decisión clave para el futuro energético y ambiental de la región.