El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, anunció que el Estado provincial presentará una denuncia contra el juez de Familia de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil, a quien acusó de dictar un fallo que “pone en riesgo la sostenibilidad de la obra social provincial”.
La medida judicial en cuestión obliga a Seros (el Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut) a cubrir en su totalidad una cirugía estética de feminización facial.
Según expresó Torres a través de sus redes sociales, se trata de una intervención de alta complejidad y costos elevados, que —según afirmó— “supera ampliamente los tratamientos oncológicos más costosos que afronta la provincia”. El mandatario calificó la resolución como “irresponsable” y sostuvo que “ningún juez ideologizado o populista va a volver a poner en peligro a nuestra obra social”.
Acompañado por el presidente del ISSyS, Sergio Wisky, Torres subrayó que cuando asumió su gestión, Seros enfrentaba un déficit superior a los 6.000 millones de pesos y que desde entonces se han hecho esfuerzos para sanear sus finanzas. “No vamos a permitir que este tipo de fallos demagógicos comprometan lo que tanto nos costó reconstruir”, señaló.
El fallo judicial, según detalló el gobernador, obliga a Seros a cubrir una cirugía estética integral de feminización que incluye procedimientos como rinoplastia, lifting facial, contorno mandibular, transferencia de grasa facial y otros tratamientos, junto con la totalidad de los gastos médicos y sanatoriales. “Esto no es una batalla cultural, es una discusión sobre derechos y responsabilidades. Seros tiene la obligación de garantizar atención médica, pero no puede absorber procedimientos que no corresponden a su cobertura habitual”, remarcó.
Además, Torres anunció que el gobierno provincial comenzará a revisar todos los amparos y fallos que exijan a la obra social cubrir prestaciones que no están contempladas dentro de su carta prestacional. “Cada vez que se genere un cuello de botella que atente contra el desarrollo o el equilibrio financiero del Estado, vamos a dar la pelea”, sostuvo.
La controversia reabre el debate sobre el alcance de los derechos en materia de salud, el rol del Poder Judicial y los límites de cobertura de las obras sociales provinciales en procedimientos vinculados a la identidad de género. Desde el gobierno aseguran que el eje de la discusión no es ideológico, sino presupuestario. Sin embargo, el caso ya generó fuertes repercusiones tanto dentro como fuera de la provincia.