El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, se reunió este viernes con los representantes del gremio SOESGYPE, Carlos Acuña y Raúl Beñacar, para analizar la propuesta impulsada por el Gobierno Nacional que permitiría a los conductores despachar combustible por su cuenta en las estaciones de servicio.
En el encuentro, se expresó una fuerte preocupación por los efectos de esta medida, que podría poner en riesgo alrededor de 70.000 empleos en todo el país.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo del exministro Federico Sturzenegger, busca aumentar la «libertad» en el sector. Sin embargo, para los representantes gremiales y el ministro Correa, esta medida acarrea varios problemas graves. Entre los principales, se destaca el riesgo que representa permitir que personas no capacitadas manipulen combustibles, lo que incrementa el peligro de accidentes relacionados con el fuego y otras emergencias. Además, alertaron sobre la vulneración del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), que estipula que solo los operarios capacitados pueden realizar tareas de carga de combustible en las estaciones.
Correa, en representación del gobernador Axel Kicillof, manifestó el firme respaldo de la provincia de Buenos Aires a los trabajadores del sector. En su intervención, expresó que la ley provincial 13.623, que prohíbe la operación de surtidores por parte de los propios consumidores o personal no capacitado, será rigurosamente defendida. Esta normativa establece que todas las estaciones de servicio, tanto las existentes como las futuras, deben ser atendidas por personal capacitado en seguridad y protocolos contra incendios.
El ministro también subrayó que los trabajadores de las estaciones de servicio no solo cumplen con tareas de dispensado de combustible, sino que también colaboran en el cumplimiento de normas viales, como el control del uso de cascos por motociclistas y la verificación de la vigencia de la oblea de GNC.
En resumen, la reunión subrayó la preocupación por el impacto que tendría la medida en la seguridad y el empleo en el sector, y la determinación de las autoridades provinciales de proteger la legislación que regula la actividad.
