Trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos han denunciado un ajuste drástico que pone en peligro la continuidad de las políticas públicas relacionadas con la memoria, la verdad y la justicia en el país.
En el marco de este ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei, más de 200 empleados han sido despedidos hasta el momento, y las suspensiones de contratos podrían extenderse. También se ha ofrecido a los trabajadores la opción de retiros «voluntarios», que, según denuncian, no son realmente voluntarios.
En diálogo con Radio 750, Paula Donadío, delegada de ATE Capital, y Alejandro Jasinski, uno de los trabajadores despedidos, compartieron las graves consecuencias de esta medida. Donadío alertó que la pérdida de personal afecta directamente al trabajo de la Secretaría, señalando que si continúan los despidos, tanto el Archivo Nacional como los espacios de memoria están en serio riesgo. «Si seguimos perdiendo trabajadores de la forma en la que lo estamos haciendo y con el poco mantenimiento que hay en los edificios, podemos decir que está en riesgo el Archivo Nacional y los espacios de memoria», advirtió.
Jasinski, quien formaba parte del Programa Verdad y Justicia, describió el clima de incertidumbre que se vivió en los últimos meses dentro de la Secretaría, especialmente con la implementación de los retiros voluntarios, que muchos trabajadores consideraron una medida forzosa. Según él, la falta de información concreta sobre los destinos de los empleados que no aceptaron el retiro ha generado angustia y desgaste en el personal.
El impacto de estos despidos no solo es emocional, sino que también afecta el trabajo fundamental de la Secretaría. Jasinski resaltó la pérdida de experiencia en investigación y asistencia a víctimas, lo cual disminuirá la capacidad del Estado para colaborar con la Justicia en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos. «Se pierde mucha experiencia de investigación, de conocer los informes, de saber dónde buscar. La Justicia, cuando haga pedidos, va a tener menos equipo, menos asistencia a víctimas y menos investigación», expresó.
Los trabajadores y gremios denuncian que este ajuste busca desmantelar el papel crítico que la Secretaría juega en el ejercicio de la autocrítica del Estado, lo que socavaría la lucha por los derechos humanos en Argentina. Organizaciones sociales y sindicales se han manifestado en contra de estas políticas, advirtiendo que afectan seriamente la preservación de la memoria histórica y el compromiso del Estado con la verdad y la justicia. La denuncia subraya que, con la reducción de personal y la desarticulación de las políticas públicas, se pone en peligro la memoria colectiva y la asistencia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
