El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional por el impacto de sus políticas sobre la industria pesquera, particularmente en el marco de la crisis de la zafra de langostino.
En una conferencia reciente, acusó al presidente Javier Milei de empujar al sector “al abismo”, y presentó una propuesta para destrabar la situación.
La suspensión de la prospección de langostino en aguas nacionales —por falta de buques inscriptos— encendió las alarmas. Para Rodríguez, este hecho refleja las consecuencias de un modelo económico que “desde el primer día ataca a la pesca”, y advirtió que más de 60.000 trabajadores están siendo perjudicados, con fuertes impactos en Mar del Plata, el litoral marítimo y la economía bonaerense.
El ministro apuntó también contra el asesor presidencial Federico Sturzenegger, por su impulso a un esquema de licitación internacional que, según dijo, amenaza con desmantelar la Ley Federal de Pesca. “El Gobierno no escucha al sector, no le interesa el sistema productivo ni lo que la pesca representa para miles de familias argentinas”, afirmó.
Aumentos que ahogan
El aumento del Derecho Único de Extracción (DUE) fue uno de los principales factores que dispararon el conflicto. De acuerdo a datos oficiales, el Gobierno elevó ese impuesto un 234% en términos reales. Algunas especies registraron alzas mucho mayores: el calamar subió un 509%, la merluza un 174%, y el langostino —principal producto de exportación— un 80%.
Rodríguez explicó que esta medida, sumada a un tipo de cambio atrasado, la caída de los precios internacionales y la falta de acuerdo en paritarias, generó un cóctel explosivo que paralizó el sector. “Las empresas no nominaron buques para la prospección. La incertidumbre es total y los barcos siguen en puerto”, denunció.
Propuesta bonaerense para destrabar la zafra
Frente al fracaso de la convocatoria anterior, la provincia de Buenos Aires impulsó una alternativa que fue aceptada por el Consejo Federal Pesquero: en lugar del tradicional sorteo, se habilitará la inscripción directa de buques. Una vez que se reúnan cuatro barcos por zona, se podrá iniciar la prospección, que tendrá una duración máxima de 72 horas, con observadores a bordo y sin un plazo límite, avanzando en función del orden de inscripción a través del sistema TAD.
La propuesta busca reactivar cuanto antes la temporada en aguas nacionales, especialmente en la zona de veda permanente de juveniles de merluza, y fue valorada por la autoridad de aplicación, que quedó a cargo de la habilitación de cada área según lo recomendado por el INIDEP.
“La pesca está en jaque”
Para Rodríguez, el escenario actual es el resultado de una política que desconoce la lógica del trabajo y la producción. A fines de 2024, el Consejo Federal Pesquero aprobó —con el voto en contra de Buenos Aires— el nuevo esquema de aumentos al DUE. Desde entonces, el panorama no ha hecho más que empeorar.
“No solo se intenta modificar por completo el régimen pesquero en la Ley Bases, sino que se ponen trabas y demoras inexplicables en la asignación de cuotas, generando una falta de previsibilidad total para el sector”, expresó el funcionario.
Como contrapeso, destacó la resistencia del sector pesquero bonaerense, que logró frenar avances regresivos y concretar la recuotificación de la merluza por 15 años, aunque advirtió que se trató de una “medida defensiva” en un contexto cada vez más complejo.
“El fracaso de la prospección es inédito. Esta situación no es casual, sino el reflejo de un modelo que castiga a la producción nacional. La pesca, estratégica para nuestra economía, hoy está en jaque. Y mientras tanto, miles de trabajadores esperan una respuesta”, concluyó.
