Las CTA y diversas organizaciones gremiales, sociales, políticas y de Derechos Humanos manifestaron su rechazo a la firma de un nuevo acuerdo entre el Estado argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras la resolución anunciada por el Gobierno Nacional de realizar el acuerdo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
En una carta dirigida al FMI y a las Naciones Unidas, las organizaciones expresaron que el acuerdo, por su ilegalidad e ilegitimidad de origen, podría ser repudiado por futuras administraciones.
El grupo de organizaciones destacó que el uso del DNU para evitar el debate en el Congreso Nacional es una violación de la Constitución, que establece que cualquier acuerdo con el FMI debe ser aprobado por el Parlamento. Las organizaciones, que incluyen tanto a la CTA Autónoma como a la CTA de los Trabajadores y gremios de la CGT, subrayaron que el gobierno de Javier Milei está recurriendo a esta herramienta para eludir una discusión abierta y democrática sobre el acuerdo.
En su misiva, recordaron que en 2018, el gobierno argentino y el FMI firmaron un acuerdo que resultó en el mayor préstamo otorgado por el FMI en su historia. Este acuerdo, según las organizaciones, no contribuyó a la estabilidad económica del país y provocó una recesión económica con contracción del Producto Bruto Interno (PBI) y el sufrimiento continuo de la población. Asimismo, mencionaron que funcionarios responsables de ese acuerdo, como el ex presidente Mauricio Macri y varios de sus ministros, fueron denunciados penalmente por la Oficina Anticorrupción por presunta defraudación y malversación de fondos públicos.
Las organizaciones también hicieron un claro pedido a los organismos internacionales para que rechacen el nuevo acuerdo, dado que consideran que está marcado por ilegalidades e irregularidades similares a las del acuerdo de 2018. En la carta, sostuvieron que el acuerdo podría ser repudiado por futuras administraciones y responsabilizar a los funcionarios actuales por violar tanto el orden nacional como el internacional.
Entre los firmantes de la carta figuran destacados representantes de movimientos sociales, sindicales y de derechos humanos, como Hugo Godoy (CTA Autónoma), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Adolfo Pérez Esquivel, y varias organizaciones como la Federación Gráfica Bonaerense, la Corriente Clasista Combativa, la Federación Nacional Campesina, y el Movimiento Productivo 25 de Mayo, entre otros.
La misiva subraya la urgencia de que el FMI y las Naciones Unidas tomen en cuenta la ilegalidad del acuerdo y las consecuencias potenciales para el país, enfatizando que los intereses de los trabajadores, las organizaciones sociales y la población en general deben ser prioridad.