🏭
El Diputado Nacional Juan Marino presentó en el Congreso Nacional los proyectos de LEY de REPARACION HISTÓRICA en beneficio de las y los trabajadores damnificados por las PRIVATIZACIONES de las empresas del estado de CORREO y SEGBA (Servicios eléctricos del Gran Buenos Aires)
Cuando en 1989 el Congreso Nacional sancionó la ley de “Reforma del estado” (Ley 23.696) las empresas del estado mencionadas pasaron a la órbita privada.
La ley de Reforma del estado establecía el PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA; por el cual los trabajadores y trabajadoras de las empresas afectadas al proceso de privatización pasarían a ser beneficiarias de un porcentaje del capital accionario de las empresas privatizadas.
Lamentablemente gran cantidad de los beneficiarios de este programa fueron excluidos de ese derecho que establecía la ley y a pesar de tres décadas de continuos reclamos siguen sin cobrar lo que les correspondía por ley.
Los proyectos de ley que llevan los números de expedientes 5899-D-2022 (SEGBA) y 5900-D-2022 (CORREO) autoría del Diputado de la Nación Juan Marino cuentan a Sergio Palazzo y Vanesa Siley como cofirmantes.
Los proyectos de ley establecen una indemnización a favor de los ex agentes de la ex empresa SEGBA (Servicios eléctricos del Gran Buenos Aires) que se desempeñaban en relación de dependencia al 31 de agosto de 1992 y a los ex agentes de la empresa de correo ENCOTEL que se desempeñaban en relación de dependencia al 24 de enero de 1992; la norma también extiende esta indemnización a sus derechohabientes en el caso de fallecimiento de los titulares de esta reparación.
De esta forma el Estado Nacional reconocería a través de estas iniciativas legislativas a las y los trabajadores que por cualquier causa no hubieran podido acogerse al Programa de Propiedad Participada o incorporados al programa hubieran sido excluidos.
Las iniciativas legislativas presentadas por el Diputado Juan Marino retoman el camino de restitución de derechos que iniciara el Congreso Nacional y tiene como antecedentes los casos de las empresas privatizadas de SOMISA, Altos Hornos Zapla e YPF cuyos trabajadores se vieron impedidos de acceder al Programa de Propiedad Participada y obtuvieron respuesta a sus justos reclamos a través de respectivas leyes de reparación.
