Organizaciones de salud denuncian el desmantelamiento de programas y aseguran que ya provocó 60 muertes en 2024

Organizaciones sindicales, sociales y de la salud se movilizaron para denunciar el impacto del desmantelamiento de programas esenciales en el sistema de salud pública.

Con un abrazo simbólico al Ministerio de Salud, pidieron la intervención urgente del ministro Mario Lugones para revertir lo que consideran un grave retroceso en las políticas sanitarias del país, que ya ha causado la interrupción de tratamientos vitales y, según denuncian, ha provocado al menos 60 muertes en 2024.

Las protestas surgieron tras la disolución de las coordinaciones nacionales de tuberculosis, hepatitis y lepra, establecida por el Decreto 1138/2024, lo que ha afectado la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos internacionales en salud. En una carta difundida públicamente, las organizaciones firmantes denunciaron que esta decisión ha obstaculizado la implementación de políticas públicas cruciales en áreas de diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades de alta complejidad.

Impacto fatal del desfinanciamiento

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) fue una de las primeras en alertar sobre las consecuencias fatales de este desfinanciamiento, que incluye la paralización de organismos clave como la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse). Según la denuncia, la interrupción de tratamientos esenciales ha provocado al menos 60 muertes en el último año. Además, señalaron que la creación de la nueva Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic) parece ser una estrategia para eludir el cumplimiento de un fallo judicial que exigía la entrega urgente de medicamentos retenidos.

Aumento de casos y vulnerabilidad

Las organizaciones también advirtieron sobre el aumento alarmante de enfermedades como la tuberculosis, que creció un 11,94% entre 2023 y 2024, con un incremento en los casos de tuberculosis multirresistente. A su vez, más de 470.000 personas en Argentina padecen hepatitis B o C, y solo el 30% de ellas conoce su diagnóstico. La carta resaltó que, en lugar de debilitar las estructuras existentes, el gobierno debería reforzar las políticas de salud pública para proteger a la población, especialmente a la más vulnerable.

Un llamado urgente

La salud no puede retroceder. Es imperativo restablecer estas coordinaciones y reforzar las políticas sanitarias que protegen la vida y los derechos de la población”, concluye la misiva enviada al ministro Lugones. Las organizaciones firmantes, como la Fundación HCV Sin Fronteras, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis, el Movimiento Travesti-Trans Argentina y Médicos del Mundo, entre muchas otras, reafirmaron su compromiso de lucha en defensa del sistema de salud pública.

“Más allá de los discursos, la realidad es que el sistema de salud está siendo desmantelado. Nos movilizamos en defensa de la salud pública y de las vidas que dependen de ella”, expresó Fesprosa durante la convocatoria al abrazo simbólico. Las organizaciones continúan exigiendo la restauración de las coordinaciones y una mayor inversión en el sistema sanitario para evitar más muertes y sufrimiento en la población.